Cuando cerrar un organismo no cierra un proceso: el caso de la estiba

Durante años, la Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE) fue una pieza clave del engranaje portuario uruguayo. No era un organismo “vistoso” ni protagonista de grandes titulares, pero cumplía una función central: organizar el trabajo de cientos de estibadores, regular el acceso al empleo y sostener un sistema que, con sus límites, brindaba previsibilidad laboral.

El quiebre para ese esquema se produjo en 1992, en el marco del proceso de privatización del puerto. A partir de entonces, el sistema de estiba administrado comenzó a desmantelarse y muchos trabajadores quedaron fuera del régimen que hasta ese momento había estructurado su vida laboral. Para ellos, ese fue el cierre real: el momento en que perdieron el trabajo y se abrió un reclamo que aún hoy sigue sin respuesta.

Recién en el año 2000, en nombre de la modernización y la eficiencia, el Estado resolvió suprimir formalmente la ANSE. La estiba debía adaptarse a un nuevo modelo: más competitivo, más flexible, más alineado con las reglas del mercado. En los papeles, el cambio parecía ordenado. En la vida real, no lo fue tanto.

Modernizar no siempre significa mejorar

El cierre de la ANSE se presentó como una reforma técnica. Pero como suele ocurrir con muchas decisiones “técnicas”, el impacto humano quedó en un segundo plano. Aunque existían disposiciones que preveían compensaciones o mecanismos de transición para los trabajadores, una parte de ellos quedó afuera. Sin indemnización. Sin reubicación. Sin una respuesta clara.

Décadas después, una deuda que sigue abierta

Hoy, exestibadores que trabajaron bajo ese régimen reclaman algo muy básico: ser escuchados. Algunos esperan ser recibidos por legisladores para exponer una situación que arrastran desde hace más de tres décadas. No piden privilegios ni beneficios extraordinarios. Reclaman que se reconozca que el cierre —operativo primero, administrativo después— no puede implicar el borrado de quienes sostuvieron ese sistema con su trabajo.

El costo invisible de las reformas “ordenadas”

Cuando se habla de reformas estructurales, los discursos suelen centrarse en números, eficiencia, competitividad y costos. Lo que casi nunca aparece es el tiempo: el tiempo que pasa sin respuestas, los años de reclamos, la vida laboral que no se recompone sola.

En el caso de la estiba, el relato oficial cerró el capítulo hace tiempo. Pero para muchos trabajadores, la historia nunca terminó. La supuesta transición dejó grietas, y en esas grietas quedaron personas, con trayectorias laborales interrumpidas y derechos que, según sostienen, nunca se saldaron.

Lo que no se cuenta también importa

El caso de la ANSE es un buen ejemplo de algo más amplio: cómo ciertas decisiones estatales se dan por cerradas desde el punto de vista administrativo, pero permanecen abiertas en el plano social. Y también de cómo estas historias rara vez ocupan un lugar central en la agenda pública, salvo cuando reaparecen como reclamos “incómodos”.

Tal vez el problema no sea únicamente lo ocurrido en el año 2000, sino la incapacidad posterior de revisar, corregir y reparar lo que comenzó a quebrarse en 1992. Porque modernizar un sector no debería implicar naturalizar que haya trabajadores esperando décadas por una respuesta.

Una pregunta que sigue vigente

A más de veinte años del cierre formal —y más de treinta del desmantelamiento del sistema— la ANSE deja una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué tan exitosas son las reformas que mejoran sistemas, pero dejan personas en el camino?

Responderla no es solo un ejercicio histórico. Es una forma de pensar cómo se diseñan —y cómo se evalúan— las transformaciones del mundo del trabajo hoy.